El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó la segunda jornada del encuentro mensual del Consejo Federal de Salud (COFESA). La agenda del día incluyó la puesta en común de los cambios incorporados al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657 y el intercambio con las jurisdicciones respecto a su implementación. Además, Lugones anticipó que la cartera nacional convocará al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) para trabajar en el Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027 - 2031, y dar respuesta a los principales desafíos en materia de salud mental mediante criterios de abordaje comunes y de acuerdo a las particularidades de cada una de las jurisdicciones.

El jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, Roberto Olivieri Pinto, expresó que el nuevo proyecto es “resultado de diversas instancias de intercambio con las jurisdicciones, especialistas, organizaciones y familiares”. El primer texto fue presentado en la reunión del COFESA de abril y posteriormente elevado al Congreso de la Nación, donde inició su tratamiento en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado. En ese ámbito se desarrollaron distintas instancias informativas en las que participaron especialistas, profesionales, familiares, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados a la atención de la salud mental, cuyos aportes fueron considerados durante el proceso de revisión de la iniciativa.

En este sentido, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, destacó que el nuevo proyecto busca asegurar la protección de la salud mental, abarcando acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria y explicita que el padecimiento no debe considerarse un estado inmodificable. También garantiza a los pacientes la facultad de fijar directivas anticipadas para consentir o rechazar tratamientos y designar personas de apoyo. “Las directivas del paciente deben ser aceptadas por el equipo interviniente salvo excepción de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”, destacó González.

El proyecto también ratifica la prohibición de crear manicomios y llevar a cabo prácticas manicomiales, obligando a las instituciones de internación a incorporar al menos dos dispositivos ambulatorios de atención. En cuanto a las adicciones, se reconoce que el consumo de sustancias forma parte de los tratamientos de salud mental, fijando para niños y adolescentes un abordaje por equipos especializados en dispositivos diferenciados de los de adultos y bajo el principio rector de no criminalización.

Respecto a la atención clínica, establece que cada jurisdicción definirá la conformación de sus equipos interdisciplinarios según la disponibilidad de recursos humanos, habilitando formalmente la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando no pueda garantizarse su presencia física. A su vez, determina que la prescripción de fármacos queda reservada exclusivamente a profesionales médicos y que debe realizarse exclusivamente con fines terapéuticos.

En lo que refiere a los criterios de internación, el proyecto sostiene que la misma debe ser entendida como un recurso terapéutico excepcional y reemplaza el concepto de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño como criterio para decidir la institucionalización involuntaria. En los casos en los que se decida la internación de un paciente, se deberá elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico inicial y se dispone la intervención de oficio del Órgano de Revisión en internaciones que superen los 180 días. Para evaluaciones de urgencia con un único médico, se permite efectivizar la medida requiriendo su revalidación por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 48 horas.

Tras la externación, las personas deberán tener acceso sencillo a consultas ambulatorias y servicios de inclusión social y laboral que ayuden a la inclusión familiar, social y laboral; atención domiciliaria supervisada y servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, centros de capacitación laboral. El texto incorpora también una definición más precisa sobre la responsabilidad de la red familiar y del Estado. Si bien reconoce el deber de cuidado de determinados familiares y personas de referencia, establece expresamente que esa obligación no reemplaza el deber estatal de garantizar apoyos cuando no exista una red familiar o esta no pueda asumir el cuidado de la persona.

En los casos en que las internaciones hayan sido involuntarias, se faculta la solicitud de medidas protectoras ambulatorias excepcionales de hasta seis meses. En este sentido, González reforzó que, “en el caso de que sea necesario, como por ejemplo, casos severos y judicializados, se requerirá el seguimiento durante 6 meses de un juez para intervenir garantizando la adherencia al tratamiento. Esto no debe ser entendido como la judicialización de la salud mental”.

Durante la jornada, los ministros de salud provinciales compartieron su posicionamientos sobre los cambios introducidos en la nueva Ley de Salud Mental y el modo en el que la misma podría implementarse a nivel local. El intercambio permitió poner en común las diferentes miradas, y responder dudas sobre los criterios de interpretación e implementación. Teniendo en cuenta que, el debate continuará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, el ministro Lugones se comprometió a llevar allí los aportes y sugerencias realizadas por las jurisdicciones, para que sean considerados en la continuidad del debate parlamentario.

En representación de las jurisdicciones participaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; la secretaria de Asistencia en Salud Pública de Catamarca, Silvia Barrientos; el ministro de Salud de Chaco, Ricardo Mayol; el ministro de Salud de Chubut, Sergio Wisky; el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer; el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; el ministro de Salud de Formosa, Juan Carlos Atencia; el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur; el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan; el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara; el ministro de Salud de Misiones, Héctor González; el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro; el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis; el secretario de Salud de Salta, Martín Monerris; el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez Zunino; la ministra de Salud de San Luis, Lucía Nigra; la ministra de Salud de Santa Cruz, Lorena Ross; la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio; la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif; y el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.

Por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo presente la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero. En representación de la provincia de Corrientes asistió el secretario de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Jorge Sladek Uffelmann; y por delegación de Tierra del Fuego, estuvo presente el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios. También asistieron funcionarios a cargo de la Salud Mental de cada una de las jurisdicciones y las asesoras de la senadora Patricia Bullrich, Josefina Tajes y Evelin Dorsch.